Los obispos venezolanos exigen a Maduro “cesar la persecución y la tortura”

“Frente a tantos atropellos”, es el nuevo clamor de la comisión de justicia y paz del Episcopado Venezolano, en favor de los privados de libertad

 

Ramón Antonio Pérez/Aleteia Venezuela | Ago 10, 2017

La voz de la Iglesia católica en Venezuela no guarda silencio a pesar de los tiempos difíciles que vive junto al resto de los ciudadanos. Especialmente, asume banderas en contra de las violaciones de los derechos humanos, sociales y políticos, cada vez más en alza en el país.

Esta vez, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana denunció nuevamente la situación de los presos políticos y presos comunes, exigiendo al Gobierno de Nicolás Maduro y a las instancias que lo conforman: “el cese de la persecución, a la tortura física y psicológica que traduce saña y violencia con estos ciudadanos”.

El comunicado: “Frente a tantos atropellos”, divulgado este 10 de agosto, bajo la responsabilidad de monseñor Roberto Lückert León, presidente de esta comisión, junto al padre vicario Saúl Ron Braasch, comienza con un soplo de esperanza al señalar que “Dios no permitirá jamás que el justo caiga”, tal cual se desprende del Salmo 54.

Exponen los religiosos, que la situación de los hombres y mujeres privados de libertad en el país natal de Simón Bolívar, queda “evidenciada en las denuncias de familiares y del Observatorio Venezolano de Prisiones”. 

Describen “tratos crueles e inhumanos en las detenciones, en los traslados y en los mismos centros de reclusión”. 

Luego detallan la existencia de “infraestructuras anti higiénicas” y “alimentación precaria”. No dejan de mencionar la “falta de medicamentos, ausencia de asistencia jurídica, falla en el debido proceso”.

También denuncian el “derecho a ser procesados por sus jueces naturales, traba en las visitas de sus familiares y la falta de asistencia médica”.

Todos estos derechos fundamentales, según expresa la comisión de justicia y paz de la CEV, están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente.

De allí que, entre las exigencias planteadas a las “Instancias Públicas, tanto ejecutivas como Legislativas y Consejo Federal de Gobierno”, están “cumplir obligatoriamente con la garantía de estos derechos y el deber irrenunciable de restablecerlo sin demora”.

¿Dónde está el General Baduel?

Por otra parte, el Episcopado Venezolano, a través de esta Comisión de Justicia y Paz, se solidariza con los familiares de los presos políticos en genera y piden al Gobierno de Maduro: “Cesar la cacería de bruja contra los ciudadanos que piensan distinto al régimen”.

De manera puntual, exigen información sobre las condiciones y el paradero del militar retirado Raúl Isaías Baduel, desaparecido de la cárcel de Ramo Verde, el pasado fin de semana, y cuyo paradero es desconocido por sus familiares han hecho la denuncia pública.

Por tanto, solicitan al Gobierno de Maduro y a las instituciones judiciales: “Se le informe a la familia del general Raúl Isaías Baduel su paradero y su estado de salud”.

La comisión de justicia y paz de la CEV, recuerda “la responsabilidad que deriva del incumplimiento en la garantía de estos derechos que son universales y las acciones penales consecuentes son imprescriptibles”. 

Coinciden con funcionario de la ONU

Recientemente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, responsabilizó al Gobierno de Maduro, de las violaciones de Derechos Humanos que han tenido lugar en Venezuela en el marco de la actual crisis política.

“La responsabilidad de las violaciones de los Derechos Humanos que hemos registrado descansa en las más altas autoridades del Gobierno”, dijo Al Husein en un comunicado, con el que coincide plenamente la comisión de justicia y paz del Episcopado Venezolano.

En consecuencia, el comunicado de la Iglesia venezolana llamó a los católicos y hombres y mujeres de buena voluntad, “no solo a orar por los que sufren sino por los que vulneran estos Derechos Humanos y denunciar públicamente a los funcionarios que los violen”.