Obispos denuncian crisis de la Penitenciaría General de Venezuela

La comisión de justicia y paz constató que la situación de la PGV llena “de alarma, estupor y angustia a la población reclusa y a sus familiares”

Ramón Antonio Pérez // @GuardianCatolic

Caracas, 12 DE OCTUBRE DE 2016

La falta de información veraz sobre lo que ocurre dentro de la Penitenciaría General de Venezuela, PGV, y la verdad sobre la muerte de reclusos a consecuencia de la tuberculosis, son algunas de las denuncias que los familiares plantearon a la comisión de justicia y paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, que este 11 de octubre, asistió a la cárcel de San Juan de los Morros, aunque su ingreso no fue permitido.

“Nuevamente es motivo de alarma y de pesar la situación de los establecimientos penitenciarios venezolanos”, dijo la CEV, acerca del recinto carcelario “en el cual se viene presentando un conflicto interno desde el mes de Septiembre”.

El comunicado refrendado por el presidente de la comisión de justicia y paz, monseñor Roberto Lückert León, y el doctor Saúl Ron Braasch, vicario general, quien acudió a la PGV en compañía de Janeth Márquez y la hermana María José González, en representantes de Cáritas Venezuela y Caritas Los Teques, respectivamente.

Aunque no pudieron entrar al penal, los miembros de la comisión sí lograron conversar en las afueras con los familiares y amigos de los privados de libertad. Conocieron que “sus deudos detenidos y retenidos son seres humanos, ciudadanos venezolanos, con derecho a ser escuchados, respetados y que no sean invisibilizados”.

Uno de los problemas es la falta de información veraz sobre lo que ocurre dentro de la PGV es una de las denuncias recabadas entre los familiares. “Nadie se ha abocado a decirnos objetivamente qué ha sucedido y está sucediendo en ese recinto penitenciario”, expresaron los familiares de los privados de libertad a la comisión de justicia y paz.

Quieren la verdad sobre la muerte de recluso a consecuencia de la tuberculosis. “Dentro de este centro penitenciario hay presos con tuberculosis, quienes está muriendo por la falta de atención por parte de los organismos competentes”, dijeron.

Otros problemas están vinculados con la prohibición de las visitas, ya que “desde el comienzo del conflicto no se ha permitido las visitas reglamentaria”. A esto se agrega “la entrega de alimentos, agua potable y medicinas, de partes de los familiares a quienes se le ha prohibido las visitas”.

¿Cárceles dignas o campos de concentración?, fue el artículo publicado en Aleteia dando cuenta de que algunos presos han fallecido a causa de tuberculosis, mientras familiares se mantienen en el recinto “para evitar masacre”

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El comunicado precisa que el ministerio del poder popular para el servicio penitenciario “ha entregado algunos paquetes de alimentos, sin embargo, estos insumos no son suficientes para satisfacer las necesidades de la población en conflicto”.

Igualmente la comisión episcopal constató que “no se ha cumplido con el debido proceso, al haberse emitido boletas de excarcelación de Tribunales competentes, en algunas causas y hasta el presente no se han acatado”.

“Rechazamos toda forma de violencia de los organismos de seguridad del Estado y del responsable de la custodia y seguridad personal de las personas privadas de libertad y de sus familiares”, dice el comunicado, considerando que tales hechos “llenan de alarma, estupor y angustia a la población reclusa y a sus familiares”.

La comisión de justicia y paz del Episcopado hace un llamado a las autoridades “para que resuelva los problemas del establecimiento penitenciario y garantice íntegramente los derechos humanos de la población reclusa y de sus familiares”.

La iglesia advierte a los entes responsables que no pueden “ampararse en situaciones de pérdida de control interno debidas a su propia omisión e inacción para ejercer represalias o castigos colectivos que afectan no solamente a la población reclusa sino también a todos sus grupos familiares”.

Finalmente, pidieron “atender de manera integral la situación penitenciaria, y con urgencia a las personas privadas de libertad que presentan enfermedades graves y contagiosas, garantizar la alimentación y la salud”, así como la atención de los menores.