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Monseñor Roberto Lückert leyó un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana en el que expresaron su preocupación ante la “oleada de atropellos” promovida por el gobierno de Chávez, en contra de los derechos humanos de quienes disienten de su práctica antidemocrática
Ramón Antonio Pérez
Caracas, 15 de septiembre de 2009.- Representantes del Episcopado Venezolano mostraron su preocupación por las medidas tomadas desde el gobierno en contra de los venezolanos que “se atreven a protestar”. Esta denuncia fue expresada a través de un comunicado denominado: “Por el Respeto a los Derechos Humanos” que fue leído este lunes por el Arzobispo de Coro, Monseñor Roberto Lückert, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Según relató Monseñor Lückert a los medios de comunicación, la Iglesia católica condena que hayan sido enviados a la cárcel ciudadanos venezolanos, detenidos y procesados por participar en manifestaciones opositoras.
Destacó que en los centros de reclusión de Yare y La Planta, entre otros, “no existe clasificación entre procesados y sentenciados ni garantías de respeto a la integridad física o a la vida”. Indicó que “parece existir una escalada en la administración de coerción personal (...) Es una línea de este gobierno de querer no solamente criminalizar la protesta sino meter miedo al pueblo”.
Rostros de la represión comunista
El pasado 29 de agosto el prefecto de Caracas, Richard Blanco, fue privado de su libertad y recluido en la cárcel de Yare, señalado de supuestamente haber agredido a un funcionario policial durante la marcha que organizaron los adversarios del gobierno el 22 de agosto contra la Ley de Educación (LOE).
De igual manera, el joven de 22 años, Julio Rivas, también fue detenido por su presunta participación en los “hechos violentos” registrados durante la citada movilización. Adicional a ellos, 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana fueron detenidos el 26 de agosto cuando marchaban hacia el TSJ y fueron recluidos en la cárcel de La Planta.
Monseñor Roberto Lückert leyó un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana en el que expresaron su preocupación ante la “oleada de atropellos” promovida por el gobierno de Chávez, en contra de los derechos humanos de quienes disienten de su práctica antidemocráticaRamón Antonio Pérez
Caracas, 15 de septiembre de 2009.- Representantes del Episcopado Venezolano mostraron su preocupación por las medidas tomadas desde el gobierno en contra de los venezolanos que “se atreven a protestar”. Esta denuncia fue expresada a través de un comunicado denominado: “Por el Respeto a los Derechos Humanos” que fue leído este lunes por el Arzobispo de Coro, Monseñor Roberto Lückert, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Según relató Monseñor Lückert a los medios de comunicación, la Iglesia católica condena que hayan sido enviados a la cárcel ciudadanos venezolanos, detenidos y procesados por participar en manifestaciones opositoras.
Destacó que en los centros de reclusión de Yare y La Planta, entre otros, “no existe clasificación entre procesados y sentenciados ni garantías de respeto a la integridad física o a la vida”. Indicó que “parece existir una escalada en la administración de coerción personal (...) Es una línea de este gobierno de querer no solamente criminalizar la protesta sino meter miedo al pueblo”.
Rostros de la represión comunista
El pasado 29 de agosto el prefecto de Caracas, Richard Blanco, fue privado de su libertad y recluido en la cárcel de Yare, señalado de supuestamente haber agredido a un funcionario policial durante la marcha que organizaron los adversarios del gobierno el 22 de agosto contra la Ley de Educación (LOE).De igual manera, el joven de 22 años, Julio Rivas, también fue detenido por su presunta participación en los “hechos violentos” registrados durante la citada movilización. Adicional a ellos, 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana fueron detenidos el 26 de agosto cuando marchaban hacia el TSJ y fueron recluidos en la cárcel de La Planta.
Por el Respeto a los Derechos Humanos
“Los Obispos miembros de la Comisión de Justicia y Paz Nacional de la Conferencia Episcopal Venezolana, ante las diferentes denuncias recibidas con ocasión de las detenciones ocurridas en los últimos acontecimientos expresamos los siguientes:
1. Rechazamos cualquier intento por parte de las autoridades de criminalizar a quienes ejercen el derecho ciudadano a la manifestación, establecida en el artículo 68 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
2. Nos preocupa que en los más recientes procedimientos judiciales contra personas a quienes se les ha detenido en el contexto de protestas o manifestaciones públicas, El Estado ha vuelto a la práctica de la detención preventiva, al “detener para investigar” antes que “investigar para detener”. Acciones que nos retrotraen a etapas que creíamos felizmente superadas con la adopción del Código Orgánico Procesal Penal.
3. Recordamos que con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en 1998, y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a finales de 1999 se derogó el antiguo sistema inquisitivo del Código de Enjuiciamiento Criminal; a la tristemente célebre “detención por averiguaciones” y del auto de detención se pasó al principio de que la persona tiene derecho a ser juzgada en libertad y a que se respete su presunción de inocencia hasta la plena demostración judicial de la culpabilidad, principios recogidos en los artículos 1º y 9º del Código Orgánico Procesal Penal:
4. Denunciamos que a personas que ejercen el derecho a la reunión y a la expresión del pensamiento, garantías reconocidas en la Constitución (artículos 53 y 57) sean sometidos a procesos penales e imputados por delitos de suma gravedad como la rebelión civil, el agavillamiento, la instigación a la guerra a delinquir, y sean sometidas a juicio; parece existir una escalada en la administración de las medidas de coerción personal, si en los años 2004 al 2009 se sometía a proceso penal bajo régimen de presentación ante tribunales, recientemente se ha optado por someter a las personas detenidas a la más grave de las medidas de coerción personal. Además es sumamente preocupante que los jueces de control estén decretando medidas de privación de libertad a ser cumplidas en establecimientos penitenciarios ordinarios como El Rodeo, Yare, La Planta, Tocuyito, etc; en los cuales no existe clasificación entre procesados y sentenciados, ni existen garantías de respeto a la integridad física y a la vida de las personas detenidas. Al escoger como lugares de detención a penales pública y notoriamente inseguros pereciera practicarse un evidente afán por crear precedentes que atemoricen al resto de los ciudadanos.
5. Denunciamos y Repudiamos todo tipo de atentado contra la dignidad de la persona humana, y contra el trabajo honorable de organizaciones que por años han trabajado en la defensa de los derechos humanos. La difamación, el allanamiento, los ataques orales y escritos son acciones que descalifican y denigran la fama y la moral de organizaciones serias y comprometidas. Reconocemos el trabajo de toda la red de DDHH y respaldamos a organizaciones que han sido atacadas como COFAVIC, PROVEA, Observatorio de Prisiones, entre otras.
6. Instamos al Estado venezolano a actuar apegado a los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República. Animamos a los Poderes Públicos a cumplir su misión resguardando el principio fundamental de la Independencia de los poderes públicos
7. Pedimos a todos los venezolanos: primero, denunciar ante las instituciones pertinentes cualquier anomalía surgida, recordando que el camino para fortalecer la democracia es institucional; segundo, trabajar por la paz, la reconciliación, el respeto de la dignidad humana, el entendimiento entre todos, el destierro de la violencia y el odio, y abrir espacios para la convivencia sin distinción ni reservas.
8. Recordamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que la oficina de Justicia y Paz, cumpliendo con su misión humanitaria y de defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su pensamiento político, seguirá apoyando cualquier denuncia de quienes se vean afectados en sus derechos.
En Caracas a los 14 días del mes de Septiembre de 2009
1. Rechazamos cualquier intento por parte de las autoridades de criminalizar a quienes ejercen el derecho ciudadano a la manifestación, establecida en el artículo 68 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
2. Nos preocupa que en los más recientes procedimientos judiciales contra personas a quienes se les ha detenido en el contexto de protestas o manifestaciones públicas, El Estado ha vuelto a la práctica de la detención preventiva, al “detener para investigar” antes que “investigar para detener”. Acciones que nos retrotraen a etapas que creíamos felizmente superadas con la adopción del Código Orgánico Procesal Penal.
3. Recordamos que con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en 1998, y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a finales de 1999 se derogó el antiguo sistema inquisitivo del Código de Enjuiciamiento Criminal; a la tristemente célebre “detención por averiguaciones” y del auto de detención se pasó al principio de que la persona tiene derecho a ser juzgada en libertad y a que se respete su presunción de inocencia hasta la plena demostración judicial de la culpabilidad, principios recogidos en los artículos 1º y 9º del Código Orgánico Procesal Penal:
4. Denunciamos que a personas que ejercen el derecho a la reunión y a la expresión del pensamiento, garantías reconocidas en la Constitución (artículos 53 y 57) sean sometidos a procesos penales e imputados por delitos de suma gravedad como la rebelión civil, el agavillamiento, la instigación a la guerra a delinquir, y sean sometidas a juicio; parece existir una escalada en la administración de las medidas de coerción personal, si en los años 2004 al 2009 se sometía a proceso penal bajo régimen de presentación ante tribunales, recientemente se ha optado por someter a las personas detenidas a la más grave de las medidas de coerción personal. Además es sumamente preocupante que los jueces de control estén decretando medidas de privación de libertad a ser cumplidas en establecimientos penitenciarios ordinarios como El Rodeo, Yare, La Planta, Tocuyito, etc; en los cuales no existe clasificación entre procesados y sentenciados, ni existen garantías de respeto a la integridad física y a la vida de las personas detenidas. Al escoger como lugares de detención a penales pública y notoriamente inseguros pereciera practicarse un evidente afán por crear precedentes que atemoricen al resto de los ciudadanos.
5. Denunciamos y Repudiamos todo tipo de atentado contra la dignidad de la persona humana, y contra el trabajo honorable de organizaciones que por años han trabajado en la defensa de los derechos humanos. La difamación, el allanamiento, los ataques orales y escritos son acciones que descalifican y denigran la fama y la moral de organizaciones serias y comprometidas. Reconocemos el trabajo de toda la red de DDHH y respaldamos a organizaciones que han sido atacadas como COFAVIC, PROVEA, Observatorio de Prisiones, entre otras.
6. Instamos al Estado venezolano a actuar apegado a los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República. Animamos a los Poderes Públicos a cumplir su misión resguardando el principio fundamental de la Independencia de los poderes públicos
7. Pedimos a todos los venezolanos: primero, denunciar ante las instituciones pertinentes cualquier anomalía surgida, recordando que el camino para fortalecer la democracia es institucional; segundo, trabajar por la paz, la reconciliación, el respeto de la dignidad humana, el entendimiento entre todos, el destierro de la violencia y el odio, y abrir espacios para la convivencia sin distinción ni reservas.
8. Recordamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que la oficina de Justicia y Paz, cumpliendo con su misión humanitaria y de defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su pensamiento político, seguirá apoyando cualquier denuncia de quienes se vean afectados en sus derechos.
En Caracas a los 14 días del mes de Septiembre de 2009
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